En los últimos años, hemos visto cómo ha proliferado el fenómeno de la ocupación ilegal, en especial de viviendas deshabitadas. Cierto es que, en ocasiones, la necesidad de habitar bajo un techo ha llevado a que familias sin recursos opten por una ocupación ilegal de viviendas, que en ocasiones eran propiedad de las entidades bancarias, de promotores en situación de concurso, pero también viviendas e inmuebles de titularidad particular.