Si se recuerda, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RD-ley 8/2020), estableció una serie de medidas urgentes dirigidas a flexibilizar el funcionamiento de las personas jurídicas de Derecho privado.
Aunque otros países de nuestro entorno, como Francia, ya han tomado medidas al respecto, el Gobierno de España, por el momento, ha omitido abordar el establecimiento de medidas necesarias para reducir las gravosas consecuencias de la crisis del COVID-19 sobre los arrendamientos y, en particular, sobre los arrendamientos de locales de negocio o comerciales.
Como ya analizamos en un artículo anterior, los cobros o comisiones que aplican los bancos por descubiertos en cuenta (posiciones deudoras) o por retraso en el pago de las cuotas de una tarjeta, hipoteca o crédito es una práctica a la orden del día, y supone el cobro al cliente de una comisión de entre 25€ y 40€.
Es frecuente que, durante la vida y trayectoria de una sociedad mercantil, el órgano de administración experimente modificaciones o alteraciones como consecuencia de acuerdos adoptados por los socios en el seno de las juntas generales.
A consecuencia del uso de la personalidad jurídica de las sociedades con fines fraudulentos o como instrumentos defraudatorios, la jurisprudencia ha tenido que construir mecanismos propios para combatir los abusos cometidos, dada la inexistente regulación legal aplicable al caso.
Mucho se ha escrito últimamente sobre el Derecho de Separación del Socio. ¿Pero, qué ocurre si es el socio el que quiere excluir al Socio-Administrador? En la vida práctica societaria existen varios tipos de posibles conflictos y por medio de este breve, general y práctico artículo vamos a tratar de dar a conocer esta posibilidad y soluciones, ya que evidentemente hay que analizar el caso concreto.
La crisis y especialmente en determinados sectores, llevó a muchos actores al más allá. Algunos empresarios creyeron sobrevivir aportando o apalancando sus patrimonios para hacer frente a la deuda, al impago de proveedores motivado por concursos o simplemente su desaparición y siguieron trabajando en el día a día, intentando seguir sin más criterio que seguir facturando y pagando, sin más reflexión que hoy estoy vivo y mañana veremos.
Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención, y que faculta a su titular a explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a cualquier tercero su fabricación, ofrecimiento para la venta, o utilización sin consentimiento del mismo.
El pasado mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (En adelante, el “RDL”).
En los últimos años, el legislador ha venido introduciendo diversas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de arrendamientos urbanos, en especial en materia de desahucios, como lo que se denominó el “desahucio exprés”, o la reciente Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
