La reforma operada en la Ley de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo (en adelante RD 9/2017), de transposición de la Directiva 2014/104/UE, ha sentado las bases para la efectividad en la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas de la infracción del Derecho de Defensa de la Competencia por los operadores privados.

Analizamos en profundidad las cuestiones relativas a este asunto en este artículo publicado en el número de noviembre de Economía 3.

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