Carbonell Abogados ejerce la acusación particular en un caso que ha tenido un destacado eco mediático en Aragón: se trata de un procedimiento por un presunto delito de estafa contra un abogado que no se ha presentado al juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza y se encuentra en busca y captura. Nuestra abogada Ana...
Como es sabido, con la declaración del estado de alarma en marzo del año en curso se ordenó, con algunas excepciones, la suspensión de los términos y plazos procesales en el ámbito de la Administración de Justicia.
Como ya analizamos en un artículo anterior, los cobros o comisiones que aplican los bancos por descubiertos en cuenta (posiciones deudoras) o por retraso en el pago de las cuotas de una tarjeta, hipoteca o crédito es una práctica a la orden del día, y supone el cobro al cliente de una comisión de entre 25€ y 40€.
En los últimos años, el legislador ha venido introduciendo diversas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de arrendamientos urbanos, en especial en materia de desahucios, como lo que se denominó el “desahucio exprés”, o la reciente Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Otra de las áreas de práctica de nuestro despacho es el Derecho Procesal y Arbitraje, siendo el derecho procesal el conjunto de normas que regula el proceso judicial, es decir, los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso, y el arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria.
Se produce negligencia médica cuando un profesional sanitario actúa erróneamente ya sea por acción u omisión, con falta de diligencia profesional y mala praxis, provocando en el paciente un daño que puede ser físico, moral e incluso económico.
En una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.
