El BOE ha publicado el Nuevo Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Entre las diversas medidas que contempla, destaca la moratoria en el pago de las hipotecas sobre vivienda habitual para quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19.
Si no lo tiene y está obligado, hágalo, el tiempo pasa y no es una cuestión baladí. Si todavía está en situación de voluntariedad, vaya trabajando en ello porque en temas de tanta sensibilidad social el desarrollo normativo es rápido y las sanciones importantes.
Han sido numerosos los casos —especialmente tras el conocido boom inmobiliario— en que los compradores de promociones en construcción contemplaban con frustración cómo las promotoras que estaban construyendo sus viviendas echaban el cierre dejándoles sin la casa y sin el dinero que habían entregado a cuenta del precio total.
Es frecuente que, durante la vida y trayectoria de una sociedad mercantil, el órgano de administración experimente modificaciones o alteraciones como consecuencia de acuerdos adoptados por los socios en el seno de las juntas generales.
La crisis y especialmente en determinados sectores, llevó a muchos actores al más allá. Algunos empresarios creyeron sobrevivir aportando o apalancando sus patrimonios para hacer frente a la deuda, al impago de proveedores motivado por concursos o simplemente su desaparición y siguieron trabajando en el día a día, intentando seguir sin más criterio que seguir facturando y pagando, sin más reflexión que hoy estoy vivo y mañana veremos.
Es conocida la leyenda que en plena Edad Media en un pleito entre comerciantes catalanes y genoveses, los segundos reclamaron a los primeros el cumplimiento de algún contrato y éstos contestaron interponiendo una querella contra aquellos con la finalidad de zafarse de la acción civil.
En primer lugar, hay que diferenciar entre la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas por la adquisición de un vehículo y la deducibilidad del gasto en el IRPF. De hecho, son dos impuestos diferenciados, que se rigen por normativas diferentes que exigen diferentes requisitos de deducción.
Recientemente en diversas páginas web especializadas y foros sobre contratación bancaria, han aparecido noticias sobre sentencias de diferentes instancias judiciales declarando la nulidad de las cláusulas de afianzamiento solidario en un contrato de préstamo.
Por hechos muy recientes ha salido de nuevo a la luz pública este tipo delictivo que por no haber estado siempre ahí no es de los más conocidos para el gran público. En primer lugar hemos de responder a la pregunta de qué hemos de entender por blanqueo de capitales. Como siempre lo más prudente consiste en acudir a la Jurisprudencia.
Con el nombre de titulización se hace referencia a un conjunto de operativas llevadas a cabo por las entidades financieras cuyo resultado es la transformación de determinados activos financieros que proporcionan un derecho de crédito (por ejemplo, un préstamo hipotecario de un banco), en títulos financieros que se ofertan para su venta en el mercado (bonos, valores) a través de un Fondo de Titulización, el cual adquiere dichos activos a un precio bastante inferior al valor de los mismos debido a la incertidumbre acerca de su cobro.
