El Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) ha sido un indicador ampliamente usado, no hace tantos años, en hipotecas a tipo variable como alternativa al consabido Euribor. Se calcula tomando como base la media de los préstamos a tres años concedidos por bancos, según la oferta media de cajas de ahorro y el global de entidades.
Como ya analizamos en un artículo anterior, los cobros o comisiones que aplican los bancos por descubiertos en cuenta (posiciones deudoras) o por retraso en el pago de las cuotas de una tarjeta, hipoteca o crédito es una práctica a la orden del día, y supone el cobro al cliente de una comisión de entre 25€ y 40€.
El pasado 10 de septiembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, emitió un informe tras la cuestión de prejudicialidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona donde se planteaba si el uso del IRPH y su comercialización está exento de control de transparencia y por tanto no puede ser declarado abusivo, y en caso de no estarlo, cuáles serían los requisitos a cumplir por los bancos para poder incluir las cláusulas que lo incorporan en sus préstamos hipotecarios.
A consecuencia del uso de la personalidad jurídica de las sociedades con fines fraudulentos o como instrumentos defraudatorios, la jurisprudencia ha tenido que construir mecanismos propios para combatir los abusos cometidos, dada la inexistente regulación legal aplicable al caso.
En muchas ocasiones, los padres realizan donaciones a favor de sus hijos, por diversos motivos y circunstancias, repartiendo en vida todo o parte del patrimonio familiar. Se evitan, así, las habituales contiendas entre herederos por el reparto, aunque también es habitual que pueda repartirse el patrimonio entre los hijos por motivos fiscales o por motivos puramente personales o familiares.
En los últimos años, hemos visto cómo ha proliferado el fenómeno de la ocupación ilegal, en especial de viviendas deshabitadas. Cierto es que, en ocasiones, la necesidad de habitar bajo un techo ha llevado a que familias sin recursos opten por una ocupación ilegal de viviendas, que en ocasiones eran propiedad de las entidades bancarias, de promotores en situación de concurso, pero también viviendas e inmuebles de titularidad particular.
En los últimos años, el legislador ha venido introduciendo diversas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de arrendamientos urbanos, en especial en materia de desahucios, como lo que se denominó el “desahucio exprés”, o la reciente Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Durante los últimos años, y por diversos motivos, se ha producido el cambio de denominación de diversas Calles y Avenidas de nuestras ciudades. Más allá del coste que ello supone para el erario público por el cambio de las placas en cada esquina, actualización del padrón municipal, cartelería y señales de tráfico, etc.
El 21 de enero de 2017 se publicó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Dicho Real Decreto supuso facilitar enormemente al consumidor afectado por una cláusula suelo en su hipoteca, la recuperación de aquéllos importes indebidamente cobrados por su entidad bancaria, así como la regularización del capital pendiente del préstamo, afectado por la incidencia de la cláusula suelo.
Nos encontramos en las escrituras de préstamo hipotecario que, a efectos de determinar el tipo de interés a pagar en la hipoteca, se establece por las entidades bancarias un índice de referencia aplicable (Euribor, IRPH, MIBOR, etc.), al que se adiciona un porcentaje, que es lo que determina el precio a pagar de hipoteca.
