Asociaciones de consumidores, accionistas minoritarios, bonistas e inversores institucionales amenazan con una avalancha de demandas millonarias por los daños ocasionados. Sólo la ampliación de capital de 2016 suma alrededor de 2.500 millones de euros, a los que habría que añadir el dinero perdido por la amortización de la acción, la deuda subordinada y los bonos convertibles.