Asociaciones de consumidores, accionistas minoritarios, bonistas e inversores institucionales amenazan con una avalancha de demandas millonarias por los daños ocasionados. Sólo la ampliación de capital de 2016 suma alrededor de 2.500 millones de euros, a los que habría que añadir el dinero perdido por la amortización de la acción, la deuda subordinada y los bonos convertibles.

En menos de 12 horas desde que se hizo pública la operación de rescate y compra de Banco Popular por parte de Santander, varios despachos de abogados han organizado reuniones informativas para afectados, anunciando la posibilidad de reclamar ante los tribunales. Según los expertos, ahora se abren diferentes frentes legales, aunque la situación no está exenta de incertidumbre, ya que se trata de una operación «que ha cogido por sorpresa al mercado y de la que no existe precedente en España», asegura Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria de Jausas.

Este experto explica que una parte es muy similar a la situación que ya se ha vivido con la salida a Bolsa de Bankia, ya que el rescate de Popular evidencia que las cuentas utilizadas para la ampliación de capital de mayo de 2016 no reflejaban la situación real de la entidad. Este despacho, que representa a inversores institucionales, grandes patrimonios y fondos de pensiones, entre otros, ya está estudiando la posibilidad de presentar una querella por estafa a inversores. Pero no es el único, ya que otras firmas están trabajando para representar a los minoritarios.

Desde Carbonell Abogados les ofrecemos la posibilidad de consultarnos de forma gratuita su situación como accionista.

Fuente:
Sergio Saizmadrid
http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/06/08/59385995268e3e5a618b4665.html